De la paz como necesidad.


CARLOS E. CAÑAR SARRIA –
carlosecanar@hotmail.com –
Se equivocan aquellos que creen que oponerse al proceso de paz es oponerse a Santos. De ahí el entusiasmo de hacer campaña por el no al plebiscito, que posiblemente se llevará a cabo a mediados del presente semestre. Se equivocan, porque con ello no perjudican a Santos, la paz, como ha insistido el propio presidente es un compromiso de todos los colombianos. De abortar el proceso de paz, no pierde Santos, pierde un país que por más de cinco décadas ha tenido que soportar los horrores de la guerra.
Constitucionalmente la paz es un derecho y un deber, lo cual significa que la paz o la guerra es un asunto de toda la sociedad. La situación de violencia generalizada que vive el país, hace pensar en la necesidad de adoptar unos patrones de comportamientos individuales y colectivos que conlleven a una pedagogía y una cultura de la paz.
El actual momento histórico indica que tenemos a la mano la gran oportunidad de comenzar por la paz política, para después proseguir con la paz socioeconómica, que le corresponderá al postconflicto y en el que se deberá atender los derechos sociales y económicos cuyo incumplimiento tradicionalmente ha sido generador de violencia. Tanto Estado como asociados tenemos la responsabilidad de construir la paz. Un Estado solo frente a un problema tan grave como las violencias, es un Estado inmensamente débil. Inversión social, justicia verdadera, depuración de la política, apertura democrática y presencia de la sociedad civil harían posible la convivencia pacífica entre los colombianos. La paz no es de Santos, la paz es de todos.
En el panorama político nacional no se habla de otra cosa que de la guerra y de la paz. Desde todos los sectores de la sociedad se expresan voces de respaldo y en desacuerdo con las negociaciones, pero no obstante se siente optimismo por un resultado positivo con el Sí al plebiscito, porque el país ha venido comprendiendo que la paz es la empresa más rentable con la que podemos contar los colombianos.
El presidente Santos ha insistido en el llamado a la paz a todos los colombianos, incluyendo a la oposición. Recientemente envió una carta al ex presidente Uribe invitándolo a montarse en la locomotora de la paz, lo cual, era de esperar, fue rechazado por el hoy senador Uribe. Este argumenta que no tiene sentido invitarlo cuando ya todo está definido, lo cual constata que no está dispuesto a ningún acercamiento con su antiguo aliado.
La verdad es que a estas alturas del proceso de paz, pensar en una conciliación entre Uribe y Santos es algo similar a pretender unir el agua y el aceite. Por lo tanto, Santos debe entender que le corresponde seguir hasta el final sin Uribe y con el respaldo del resto de colombianos que están hastiados de tanto derramamiento de sangre, de tanta afectación a la infraestructura nacional, de los secuestros, de los abusos y atentados contra la población civil, del terrorismo, .etc.
Son grandes los costos de la paz. Así sea difícil, el país debe prepararse para el perdón. Es necesario no pensar en la magnitud del mal pasado sino en la grandeza del bien venidero. No se puede desconocer que son las violencias y sus cadenas ininterrumpidas de odio el problema más grave de la sociedad colombiana. Es necesario buscar la paz y mantenerla y ello significa respetar los pactos.
Los pactos, desde luego, deben ajustarse a la Constitución y a las leyes. Si esto no fuese así, de seguro el proceso no había avanzado y obviamente, no tendría el gran respaldo internacional. Un país en paz puede sentar las bases para su democratización. Los cambios no se harán de la noche a la mañana pero es necesario comenzar. Que existan temores, es algo natural. Con el postconflicto viene lo más difícil. Los acuerdos por sí solos no son garantes de reconciliación, es cierto. Los violentólogos se refieren a dos tipos de causas de violencia en nuestro país: las causas subjetivas, relacionadas con la falta de apertura política y, las causas objetivas, referentes a la pobreza y la miseria. De ahí la necesidad de la paz política y de la paz económica. Esta última sólo será posible con la atención de los derechos sociales y económicos que signifique superar las profundas desigualdades económicas. Un nuevo país exige reformas estructurales en el seno del Estado y de la misma sociedad. Democracia, paz y derechos humanos son categorías interrelacionadas. No se puede pensar una sociedad democrática donde siga imperando el privilegio y la exclusión. Instituciones ajenas a intereses colectivos es necesario depurar. No compartimos la tesis de quienes argumentan que en Colombia no habrá paz, porque esto significaría oponerse a la evolución y al cambio. Sería contraponerse a las leyes de la dialéctica, lo cual es absurdo.

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