De la protesta social y los derechos humanos.

Por: CARLOS
E. CAÑAR SARRIA   –

carlosecanar@hotmail.com    –

            Un clima de tensión vive el país.
Protestas populares, paros realizados y anunciados.  En el transporte, en la rama judicial, en el
magisterio, de los estudiantes, marchas indígenas y campesinas, paros
nacionales, en las oficinas de registro de instrumentos públicos, etc., se
vuelven actos consuetudinarios que expresan una serie de inconformismos,
demandas y pretensiones de conquistas laborales, de reivindicaciones sociales y
económicas que el Estado debe atender, conciliar y solventar. Derechos de ley y
constitucionales conculcados; retenidos o aplazados terminan coincidiendo en
protestas tras la lucha por el reconocimiento de los pueblos dentro de unas
relaciones conflictivas entre Estado y sociedad.

            Lucha por el reconocimiento que en
una verdadera democracia exige diálogos y concertaciones entre las partes y la
no intervención de la fuerza o a la violencia para dirimir los conflictos. Es aquí
donde debe tener cabida la política, entendida como la capacidad de resolver
pacíficamente las diferencias. La protesta social es legítima en toda
democracia siempre y cuando se recurra a la mesura y a la racionalidad.  Sin transgredir  el Estado social de derecho y  el orden constitucional.        

            En estas condiciones el Estado no
puede criminalizar la protesta social ni comprometerse en acciones que le
incurran en violaciones de los derechos humanos, algo supremamente censurable y
bochornoso en una democracia. Sin derechos humanos no hay democracia y
viceversa.

            Para considerar una cultura de la
paz, de la paz política en primera instancia, se requiere fomentar y
desarrollar valores tales como la solidaridad, la equidad, el respeto por las
diferencias, la participación, etc., como camino para la vigencia de los demás
tipos de paz como es el caso de la paz económica.  Colombia urge de un Estado de la mano del
interés colectivo y ajeno a circunstancias sociales y políticas de exclusión.
Las denominadas causas objetivas de la violencia están directamente
relacionadas con las condiciones de miseria y de pobreza.

             Resulta oportuna la tesis del ex
Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño: “No será posible alcanzar la paz justa,
sincera, firme, estable, la paz que Colombia anda buscando entre la angustia y
la esperanza, mientras los derechos humanos sean objeto de olvido, atropello o
menosprecio”. De donde se deduce que la reconciliación nacional será posible en
la medida en que se garantice la tolerancia, el ejercicio legal y legítimo del
poder en la defensa de la vida, la vigencia de la libertad y seguridad de las
personas.

               En Latinoamérica viene haciendo
crisis la implementación insensible del capitalismo salvaje escudado en el
modelo neoliberal, con la consabida ola de privatizaciones; modernización del
Estado; hacerlo eficiente, mediante ajustes y reformas económicas, en el orden
fiscal, laboral, pensional, de la salud, en educación, en fin, en todo.  En atención a las condiciones y exigencias de
los organismos internacionales de crédito. Como no hay inversión social el
Estado se privatiza, su papel se limita a ser policivo.

                 Los derechos sociales y
económicos no se materializan, porque quedan en manos de los dueños del
capital, a quienes sólo les preocupa el lucro. La denominada mundialización de
la economía, parece convertirse en la internacionalización de la pobreza.
Nuestros países lejos están de competir en igualdad de condiciones con los
países industrializados, de ahí el rol de ser proveedores de materias primas y
consumidores de productos elaborados en el extranjero.

                  Es un sofisma el argumento de
que a la economía colombiana le va bien, cuando todos sabemos y sentimos que al
país le va mal. No hay desarrollo social porque el beneficio de la economía no
se colectiviza. Cinturones de miseria caracterizan las sociedades
latinoamericanas. Los derechos sociales y económicas deben traducirse en la
dignidad y calidad de vida de las personas. Estas condiciones
infraestructurales, obviamente generan el inconformismo y la protesta social.

                   En cuanto a lo referente al anunciado paro nacional y marcha del 21 de noviembre en nuestro país, es una valiosa oportunidad de expresión de sociedad civil como comunidad organizada, capaz de exigir sus derechos de manera pacífica; al tiempo que es una valiosa oportunidad del gobierno para reflexionar sobre los alcances y limitaciones del ejercicio del poder; que permitan re direccionar los caminos de un mandato hasta el momento fallido, que le mantiene, de acuerdo a las encuestas, por debajo del 30% de popularidad. 

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