Defensoría hace un llamado para que Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco sigan prestando servicios a usuarios de Medimás.

El Defensor Negret Mosquera aseguró que no es posible dejar sin servicio a 180 mil usuarios de la EPS en el suroccidente del país.
En el seguimiento al cumplimiento por parte de Medimás, el Defensor anunció una nueva fase en la cual funcionarios de la Entidad y de la Superintendencia de Salud visitarán las sedes en diferentes departamentos para verificar la realidad de la atención y las denuncias de los usuarios.

MESA DE SEGUIMIENTO

– El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, advirtió que desde el comienzo de su administración ha llamado la atención sobre la responsabilidad que tienen las empresas con el respeto de los derechos humanos. Por supuesto, eso se reafirma cuando se trata de empresas que tienen como objeto social la prestación de servicios de salud.

En el marco del seguimiento que hace la “Mesa Interinstitucional para la Defensa del Derecho a la Salud en Colombia”, Negret Mosquera ratificó que empresas como Medimás o Instituciones prestadoras de servicios deben proteger, respetar y remediar, de manera oportuna, las eventuales violaciones a los derechos humanos que puedan ocurrir en el marco de sus operaciones.

“Con un solo usuario que no esté bien atendido, no podemos decir que Medimás ha cumplido. Hay algunos avances, pero el Defensor del Pueblo hasta que no verifique en terreno, no podrá dar un parte de tranquilidad”, aseguró Negret Mosquera.

Así mismo el Defensor hizo un llamado público para que las instituciones Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco sigan prestando sus servicios de salud a cerca de 180 mil usuarios de Medimás en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Nariño, sobre todo a aquellos con enfermedades de alto costo como cáncer y VIH, entre otras.

Al lado de los usuarios:

También anunció que la Defensoría y la Superintendencia de Salud comenzarán una fase de visitas conjuntas a sedes de Medimás en diferentes regiones del país para verificar en terreno la atención que reciben los usuarios y denunciar las falencias que persistan.

Reiteró que la Defensoría acudirá ante el juez constitucional para proteger la vida e integridad de los usuarios de esta EPS con su traslado, si luego de dos meses no se han dado alternativas de atención oportuna. A la fecha ya pasó el primero de estos meses dados como plazo.

Al finalizar anunció el seguimiento permanente a otras EPS en el país donde se reporten irregularidades que pongan en riesgo la vida e integridad de sus usuarios y que invitará a la Comisión Séptima del Senado a la Mesa Interinstitucional donde se hace seguimiento a la realidad de la prestación del servicio de salud en el país.

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