Por: Juan Carlos López Castrillón –
Toda Colombia reconoce que nuestra Justicia vive la peor crisis de su historia. El síndrome de la corrupción la ha tocado al más alto nivel y la tiene malherida. La confianza está rota y es una prioridad nacional recuperarla. Claro que – para empezar – le quitaría la venda a la diosa de la mitología griega que representa a la Justicia; ya es suficiente con que se llame Temis.
De pronto sin la venda en los ojos, nuestra justicia podría darse cuenta que lo que más daño le ha hecho es haberse politizado, a tal punto que se dice que es más fácil y barato eliminar a un adversario por la vía judicial que compitiendo con él en las urnas.
Por eso hay que recordar por siempre la frase de Montesquieu, cuando afirmaba que “el estado es libre cuando el poder detiene el poder” al significar que debe mantenerse la independencia entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, lo cual en este país del sagrado corazón no sucede.
Me produce escalofrío cuando escucho que para ingresar a un cargo de la rama judicial se tiene más opción si se va respaldado por un político (ni hablar de los “entes de control”), lo cual significaría que a esos cargos no llegan entonces los más capaces e independientes, sino los que están más comprometidos con otras causas.
Por eso es que la gente no cree en la justicia, máxime cuando se juzga a los políticos, terminan diciendo: “ahí no pasará nada”, porque saben que hoy no existe la independencia de poderes que pregonaba Montesquieu hace más de 200 años; y si a esto le sumamos las deficiencias en formación académica de algunas facultades de derecho, tendremos el panorama completo.
¿Qué hacer? ¿Cómo volver a aquellas épocas no tan distantes donde el juez era visto con respeto y confianza? ¿Cómo desterrar para siempre esas nefastas noticias de magistrados, fiscales, jueces y abogados implicados en actuaciones ilegales y vergonzosas?
Hay que empezar por reconocer que La Constitución del 91 abrió un boquete al posibilitar que los políticos le metieran la mano a la justicia a través del nombramiento por parte del congreso de la mayoría de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, el cual a su vez candidatiza a los aspirantes a ingresar a la rama judicial y ejerce funciones administrativas y disciplinarias. Las consecuencias ya las conocemos.
En conclusión, y como lo afirman muchos analistas y tratadistas, “hay que desjudicializar la política y despolitizar la justicia”. Y como dicen que en derecho las cosas se deshacen tal como se hacen, pues así debe ser y la respuesta está en esa misma Constitución.
Hay que reconocer que algunos sectores del Congreso y el Gobierno lo han intentado desde hace más de diez años, pero no se ha podido, pues han aparecido argumentos jurídicos y de procedimiento que han evitado la tan anhelada y necesaria reforma judicial.
Ante esa impotencia también es válido recordar que – en últimas – siempre queda el poder soberano del pueblo.
Post Data: podemos tener muchas crisis al tiempo: la de la salud, la social, la política, etc., pero si no resolvemos la de falta de credibilidad en la justicia, será muy difícil no caer en la tentación de una salida extrema.
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión del Magazín CNC.
