Por: JAIME BONILLA MEDINA –
jaboneme@hotmail.com –
En el reciente paro médico del servicio de urgencias adultos del Hospital Universitario San José de Popayán, salió a flote una de las formas más injusta de ejercicio laboral, ya conocida, practicada pero poco denunciada.
Hace aproximadamente 30 años se inició el modelo de subcontratación en el país, consistente en la concertación de una empresa-patrón con otra proponente, para ejecutar determinados servicios con su grupo de trabajadores. En 1999, luego de la crisis económica, las empresas privadas y públicas inician el desmantelamiento de su planta de empleados para reincorporarlos por subcontratación eludiendo los compromisos laborales de ley. Entraron en vigencia las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), asociaciones sin ánimo de lucro que ofrecen a sus socios la posibilidad de superar las limitaciones del esfuerzo individual y facilitan el ejercicio de una actividad a personas con poco capital. Sus integrantes son, simultáneamente, dueños de la cooperativa y trabajadores de la misma. Con el tiempo degeneraron sus funciones al desarrollar actividades de intermediación laboral vinculando sus afiliados a empresas-cliente como empleados asalariados. Estas prácticas desvirtúan el espíritu cooperativo, conducen a precarias condiciones profesionales de los socios y conforman lo que en el mundo del empleo pasó a denominarse tercerización: empresa-patrón o cliente (1) que contrata con una CTA (2) la cual aporta sus socios bajo sueldo (3).
En el 2008, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, con la expedición de la Ley 1233, cuyo artículo 7° expresa: “las CTA no podrán actuar como empresas de intermediación laboral (y remitir sus asociados) como personal en misión”, se trató de corregir este desafuero, mas sin embargo todo se quedó en el papel y lo establecido nunca se hizo cumplir, antes, por el contrario, se dinamizaron y fue otro de los atropellos a la clase obrera y trabajadora impuesto durante este periodo.
La Ley 1429 en el 2010, gobierno Santos, ratifica las prohibiciones sobre las CTA, las coloca en cintura y agrega una novedad importante en materia de remuneraciones al determinar que, los trabajadores asociados deberán ser retribuidos de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo. Pero estamos en Colombia y aquí todos sabemos que: “hecha la ley, hecha la trampa”. Aparecieron los Sindicatos y su progenie la Contratación Sindical, a imagen y semejanza de las CTA, sin vigilancia ni supervisión.
El sindicato es una asociación de trabajadores cuyo fin es defender los intereses profesionales, económicos y laborales de sus asociados. Igualmente, viciaron su misión y se convirtieron en verdaderas bolsas de empleo y una manera anómala de contratación aprobada por ley. Los empleados pasan a ser socios y con esto pierden gran parte de sus derechos contractuales y laborales. Este modelo de intermediación ilegal abunda en las entidades de salud, obras públicas, mantenimiento vial y corteros de caña.
Es tal la acogida que, cuando se descertificaron las CTA en el 2010, apenas existían 50 contratos sindicales en el país; para el 2012 ascendieron a 703 y un estudio reciente de la Escuela Nacional Sindical (ENS) determinó que existen hoy 1476 con más de 300.000 trabajadores afectados. Y los creadores de estos sindicatos de fachada son, en su mayoría, los propietarios de las extintas CTA que cambiaron de nombre para explotar al colombiano honesto.
Es deber y derecho nuestro, saber elegir aquel candidato comprometido con mejoras sustanciales en asuntos de empleo, liquidador de los falsos sindicatos, promotor de justos salarios mediante vinculaciones laborales reglamentarias, sobre todo en el campo de la salud, profesión tan menospreciada, explotada y tercerizada en la actualidad.
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