Municipio de Santander gana pleito a Cedelca.


Por: Leandro Felipe Solarte Nates –

Incontables humillaciones sufrieron los municipios caucanos accionistas de Cedelca, después que esta otrora boyante empresa, fue descremada durante décadas por el ‘Frente Nacional’ caucano, que gracias a vínculos familiares y políticos tejieron, el entonces liberal Aurelio Iragorri Hormaza y su cuñado, el exsenador conservador, Ignacio Valencia López, padre de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.
Recién nació la empresa en 1957, sus fundadores convocaron a los municipios para que se hicieran socios, adquiriendo acciones y aportando la infraestructura eléctrica que con sus esfuerzos locales habían logrado construir.
Así fue como el municipio de Santander de Quilichao, aportó la central generadora de Mondomo, con la condición consignada en escritura pública, de que Cedelca suministrara sin facturarles, el servicio de energía a la sede de la Alcaldía, el hospital y escuelas públicas.
Cedelca también fortaleció sus arcas con aportes del departamento, la nación y un incremento al predial que por años debieron pagar los ciudadanos, para fomentar la electrificación de zonas rurales de la mayoría de municipios del Cauca. (Para mayor información leer los informes publicados sobre el tema por Alfonso Luna Geller, en Proclama del Cauca).
Lo cierto es que al igual que la mayoría de empresas públicas en todo el país, Cedelca fue dominada por políticos que concentraron sus esfuerzos en manejar nómina, presupuesto y contratos y el dirigente con mayor influencia fue el ingeniero civil, Aurelio Iragorri Hormaza, quien se desempeñó como gerente, después ofició como Director del instituto de Interconexión Eléctrica Nacional, ICEL y posteriormente representante a la Cámara y senador hasta hace poco, en representación, primero por el liberalismo y cuando este fue despresado, por el partido de la “U”.
Cuando por clientelismo y burocratización de empresas públicas de servicios, numerosas entraron en crisis después de décadas de manejo desabrochado, el gobierno nacional, -continuando la privatización iniciada desde los años 90- durante el primer gobierno de Uribe, intervino a las empresas en dificultades económicas y administrativas, como Emcali y Cedelca con mayoría de acciones del gobierno nacional. Entonces fue nombrada en reemplazo del gerente, Eva María Uribe, delegada del Ministerio de Hacienda.
Siguiendo la ola neoliberal que empezó Gaviria, de privatizar la Salud, con la Ley 100, la Educación y los Servicios Públicos, durante el primer gobierno de Uribe, el papel de Eva María fue el de sanear a la empresa financiera y administrativamente liquidando personal de funcionarios y trabajadores para preparar su entrega a operadores privados.
Para lograr esto, los compromisos fundacionales adquiridos por Cedelca con los municipios eran un obstáculo y actuando como un poder colonial, al antiguo estilo romano y español, decidió desconocerlos y armar una tramoya legal y de rabulescos vínculos con el cuestionado sistema judicial colombiano y algunos tribunales para aprovechar su posición dominante como gobierno nacional y demandar al municipio de Santander de Quilichao, cobrándole el alumbrado público suministrado por años, por una cuantía, hace 10 años, de $3.357 millones y desconociendo el compromiso fundacional de exonerarlo. (Esto me recuerda el cuento de un burro amarrado con la jauría de tigres sueltos.
Con la intervención de Cedelca, el gobierno de Uribe saneó a su manera obligaciones laborales con antiguos empleados y trabajadores, no la liquidó y continuó como propietario de la mayoría de acciones, y diseñó un modelo en el que Cedelca alquila las líneas de transmisión, estaciones y subestaciones de distribución de energía y transformadores, a una firma comercializadora y además propició un cuestionado modelo de contrato sindical, que favorece a los patronos y unos cuantos dirigentes que lo controlan, pagándole un canon de arrendamiento irrisorio y otorgándoles el mantenimiento de las siete micro-centrales propiedad de Cedelca, para después ofrecerla al mercado de operadores, que compran y revenden la energía a los usuarios, saliendo favorecida la Compañía Energética de Occidente, CEO, con acciones del grupo AVAL de Carlos Sarmiento Angulo, después de un fallido contrato con otra operadora, que la administró e incumplió durante varios meses, antes de ser liquidada y salir demandando a Cedelca por una multimillonaria cifra.
Afortunadamente, cuando el municipio de Santander desconocía el pronunciamiento a su favor y hacia gestiones para contratar al ex.-gobernador del Cauca, Cesar Negret, para que lo defendiera, no sólo de la vieja deuda cobrada por Cedelca, sino también de la cobrada por la CEO en cuantía superior a los $8.000 millones, el Consejo de Estado dejó sin piso el fallo del Tribunal del Cauca de hace diez años, por el cual había condenado al municipio a pagar el alumbrado público demandado por Cedelca y la obligó a cubrir con el valor cobrado al municipio por alumbrado público cuando era la administradora directa, más lo correspondiente a la deuda con la CEO después que la reemplazó.
El gobierno nacional, principal accionista de Cedelca, deberá asumir su responsabilidad y la deuda cobrada por la CEO en una cuantía cercana a los $10.000 millones, al haber actuado como un imperio apabullando los intereses del municipio accionista minoritario de la empresa, para favorecer, “desmontándose por las orejas”, la privatización de los servicios públicos, siguiendo el credo neoliberal de moda. Y eso sin contar los perjuicios que le causó al municipio de Santander de Quilichao con la demanda para cobrarle el alumbrado público, antes de arrendarle la administración y cobro del servicio de energía a la Compañía Energética de Occidente.

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