Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com
La efectiva y poderosa maquinaria narrativa de la derecha colombiana, amplificada por medios de comunicación al servicio de intereses corporativos y políticos, busca imponer una peligrosa ecuación, según la cual; denunciar los abusos, la corrupción estructural, las conexiones con el paramilitarismo y el narcotráfico, y la exclusión histórica perpetrada por gobiernos de derecha, equivale a «discurso de odio«. Este relato no es una simple distorsión; es una trampa deliberada, un escudo discursivo moralista diseñado para proteger a los poderosos y silenciar el clamor legítimo de las mayorías.
Según los voceros de la derecha colombiana en sus partidos políticos, medios e instituciones (públicas y privadas), la denuncia fundamentada de crímenes, corrupción y alianzas oscuras es un discurso de odio. Ahora, como consecuencia de una campaña de aprovechamiento político del atentado al senador Miguel Uribe, resulto que el imperativo ético y un deber ciudadano de denunciar lo ilícito e inconveniente para la sociedad, resulta siendo una grosería, cuando no una agresión.
La ciudadanía no debe caer en la trampa de la derecha de señalar cómo polarizante, hacer el recuento de dos siglos de historia republicana marcada por el dominio de élites, quienes, a través de distintos gobiernos han mantenido a las mayorías colombianas en la pobreza, la violencia institucionalizada, el desplazamiento forzado y la negación sistemática de derechos básicos. Esta constatación histórica, no es incitar al odio, es el ejercicio de registrar y socializar una realidad documentada.
Recordar la «parapolítica», los «falsos positivos», el despojo de tierras, la persecución a líderes sociales y la connivencia con grupos armados ilegales que han teñido de sangre y luto el territorio nacional no es un relato polarizante y de insulto a la autonombrada gente de bien de Colombia; es recordar una realidad agobiante y cotidiana, en la que no es posible silenciar las denuncias con el pretexto de acabar con la polarización, por el contrario; adornar o suavizar la verdad resulta en una actitud cómplice de la impunidad.
Al utilizar el relato mediático de la derecha colombiana como fundamento para llamar a la unidad, sectores influyentes de la Iglesia colombiana cometen un grave error. Si bien es cierto que existe una buena intención, por parte de líderes del catolicismo colombiano, no se puede negar que se observa una profunda miopía política, al hacer un llamado a la «suavización» de los discursos de denuncia para acabar con la polarización. Las buenas personas, que manipuladas por el discurso victimizante de los medios, están cayendo en la trampa tendida por la misma derecha que busca evadir su responsabilidad histórica. Este relato lanzado por los medios, casi que de manera paralela con la noticia del atentado del senador Turbay, equipara al denunciante, que señala crímenes concretos y estructuras de poder opresoras, con el victimario que los perpetró o encubrió. Es un llamado al silencio cómplice, a bajar el tono de la justa indignación mientras las causas profundas de la injusticia permanecen intactas.
La polarización no está en la denuncia de los abusos, la corrupción y el delito, sino en la obstinada negativa de los autores, promotores y aplaudidores del abuso a reconocer la corruptela y la exclusión que sostienen. Exigir moderación o suavidad a quienes han padecido la violencia estatal y sus cómplices, a quienes han visto despojadas sus tierras y asesinados sus seres queridos, mientras se permite que los responsables operen con total impunidad e incluso aspiren a gobernar, constituye una profunda injusticia y una burla a la dignidad de las víctimas.
El pueblo colombiano no debe dejarse engañar por la artimaña de los medios corporativos, creada para salvaguardar a los privilegiados de siempre. En esta etapa decisiva, guardar silencio no sería simplemente complicidad, sino la mayor traición al pueblo colombiano y a la oportunidad de construir un país diferente.
