694 candidatos inhabilitados para elecciones del 27 de octubre, 19 en el Cauca.

– Al
analizar 117.822 registros de candidatos inscritos, el Ministerio Público
encontró que 27 aspirantes repitieron la inscripción de sus cédulas.

– Antioquia (10,8) y Cundinamarca (10,4) presentan los mayores porcentajes de candidatos inhabilitados.

En la toma a las elecciones del 27 de octubre, la Procuraduría General de la Nación identificó 694 candidatos inhabilitados para participar a cargos de alcaldes, concejales, diputados y ediles en los 32 departamentos, información que envió al Consejo Nacional Electoral para que evalúe posibles sanciones y/o revocatoria de inscripciones. 

Al
analizar 117.822 registros de candidatos inscritos para las elecciones de
autoridades territoriales, el Ministerio Público encontró que 27 aspirantes
repitieron la inscripción de sus cédulas en los listados para postularse a
corporaciones y partidos políticos.

Los
cinco partidos políticos y movimientos representativos con más candidatos
inhabilitados son el Partido Conservador Colombiano (113), Partido Colombia
Renaciente (66), Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO (64),
Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U (64) y Partido Cambio
Radical (59).

Los
departamentos en los que se registraron mayor número de aspirantes impedidos
fueron Antioquia (10.8%), Cundinamarca (10.4%), Valle del Cauca (8.2%), Boyacá
(7.5%) y Tolima (6.9%).

El ente
de control señaló que de los candidatos impedidos, 11 son aspirantes a
asambleas departamentales, 20 a alcaldías, 602 a concejos municipales y
distritales, 15 a ediles en Bogotá, y 46 a ediles y juntas de administración
local fuera de la capital. 

Así
mismo, explicó que se encontraron 235 personas que tienen anotaciones
incompletas en el SIRI, por lo que no pueden ser incluidas en el registro de
inhabilitados, existiendo un riesgo de que el beneficiario con la falta de
información pueda estar incurso en una inhabilidad.

Dichos reportes corresponden al registro de las sanciones penales, disciplinarias, fiscales, pérdidas de investidura y condenas proferidas contra servidores, exservidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas.