Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
El «espectáculo de la muerte» se ha convertido en la única moneda de cambio de la gobernanza actual en Colombia
Para nadie es un secreto que la guerra y la muerte han sido y son uno de los rubros periodísticos que más réditos le dan a la prensa, eso sin hablar de las alucinantes cifras (en dólares) que se mueven y que enriquecen a una indecente minoría en el mercado de armas y de logística necesarias para promoverlas, llevarlas a cabo y mantenerlas en el tiempo. En la Colombia de 2026, la guerra moderna ha dejado de ser una tragedia silenciosa (sobre todo para las víctimas de todos los bandos) para convertirse en un producto de consumo masivo.
Con la llegada de la ultraderecha al gobierno nacional, el país ha presenciado un desplazamiento de la ética institucional hacia una puesta en escena de la aniquilación, de la manipulación del dolor y de desconexión absoluta con la realidad. Lo que el Gobierno presenta como un balance de seguridad tras la «Operación Azarías», utilizando una macabra puesta en escena que incluye bolsas de cadáveres en el piso, constituye el cruce de una línea roja, que ya se había bordeado con los mal llamados “Falsos Positivos” durante la hegemonía uribista (Gobiernos de Álvaro Uribe, Juan M. Santos e Iván Duque), al transformar el horror y el dolor de la muerte en una herramienta de comunicación política, planteando una interrogante necesaria sobre la salud moral de nuestra democracia.
El video institucional difundido tras la «Operación Azarías» en San José del Guaviare, en el que, con aterrador cálculo mediático, el presidente Abelardo de la Espriella, ataviado con prendas militares, camina entre bolsas de cadáveres de presuntos disidentes de las FARC, dejó de ser un parte de guerra con la sobriedad republicana de quien combate legítimamente en contra de la delincuencia armada, para degenerarse en una muestra de «necro-estética», en la que el cuerpo del enemigo derrotado valida la gestión gubernamental (algo muy similar a la actuación del ejército israelí en Gaza).
La reacción de la oposición ha sido tajante. El expresidente Gustavo Petro criticó duramente esta deshumanización del conflicto, señalando una carencia de valores fundamentales en la cúpula del poder: «Esto se llama hacer de la muerte un trofeo, solo gente sin alma puede hacer esto. Cual Cristo rey, aquí está el señor que se esconde entre la muerte, lo contrario de Jesús que pregonaba la luz y la vida».
Efectivamente, la alusión a la «gente sin alma», además de ser un acertado dardo retórico; pone en evidencia cómo, la derecha, nuevamente en el poder, ha convertido la muerte en espectáculo, con tal de cumplir sus muy cuestionadas promesas de campaña, desplazando la dignidad humana por una oscura y muy enfermiza estética de la victoria absoluta que ignora la complejidad del conflicto colombiano.
Frente a la gravedad de la sociopática actitud del Abelardismo, no se puede dejar de lado que, desde una perspectiva socio-jurídica, la gravedad de las acciones actuales radica en la erosión del Principio de Distinción y, probablemente otros Principios, consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH)[1], toda vez que, al inicio de esta semana, el Instituto de Medicina Legal reportó el ingreso de tres cuerpos de menores de edad, víctimas de bombardeos indiscriminados.
Frente a esta actuación desbordada del Estado colombiano, en cumplimiento de las órdenes de Abelardo DeLaEspriella (de ahora en adelante ADLE), la senadora Jennifer Pedraza ha denunciado que, si bien el reclutamiento forzado por grupos armados es un crimen, la falla del Estado es doble, ya que, no solamente ha omitido proteger a los niños en los territorios, sino que los convirtió en objetivos militares bajo la lógica de «enfrentar el terrorismo sin contemplaciones«. La opacidad en la distinción de objetivos ha llevado a cuestionamientos directos sobre la transparencia de estas bajas, como el planteado por Ariel Ávila, al afirmar que: «¿Una pregunta @ABDELAESPRIELLA: entre esos cadáveres están los de los tres niños asesinados?».
En este nuevo intento de manipular el relato oficial de la violencia de Estado, ahora dirigido por ADLE, resulta necesario distinguir la naturaleza de las operaciones recientes para entender el patrón de comportamiento gubernamental. La Operación Azarías (Miraflores, Guaviare) es presentada como el «trofeo» del espurio presidente de Colombia, habida cuenta de que, según el actual gobierno es la operación más exitosa en 12 años, precedida por la Operación Amón (El Retorno, Guaviare), ejecutada el 27 de agosto, donde el bombardeo se cobró la vida de tres menores, en una ofensiva letal que comenzó el 10 de agosto en el Catatumbo, donde ya se reportaba la muerte de un menor y graves daños a viviendas y enseres de campesinos.
Lo que en la Colombia Abelardista se celebra como eficacia militar, en las regiones de la periferia se traduce en «temor y zozobra», con comunidades que ven sus hogares destruidos y denuncian la profundización de la guerra y la expansión de actores paramilitares bajo la sombra de los bombardeos.
La vuelta a la derecha ha sido anunciada en el marco de lo que sus ideólogos han denominado su “Batalla cultural” [2], en la que el uso de la bota militar es coordinado con otros sectores clave, como la educación. Para el caso colombiano, el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos en el Ministerio de Educación, tras la renuncia de Viviane Morales, representa un segundo frente de esta ofensiva que amenaza directamente la laicidad del Estado y a los enfoques de género, configurando un verdadero retroceso del Estado social de derecho señalado en la Constitución Política de Colombia de 1991. Así, la guerra física en el Guaviare y la guerra ideológica en el aula son dos flancos de una misma estrategia de control social y repliegue conservador.
El cambio de doctrina de seguridad en Colombia hacia un modelo de exhibición y aniquilación plantea un panorama sombrío. Del indignante estilo prefigurado por el uribismo durante su hegemonía, al establecer el conteo de cadáveres como indicador de la eficacia militar, se pasó a una puesta en escena (característica en todo lo que hace ADLE) que exhibe volumen de cadáveres dispuestos para la cámara, como un indicador de éxito, en el que la justicia y la dignidad humana se convierten en daños colaterales de una estrategia de comunicación.
Finalmente, estimada lectora o lector, si el «espectáculo de la muerte» se ha convertido en la única moneda de cambio de la gobernanza actual en Colombia, debemos preguntarnos: ¿Ha pasado el cadáver a ser el único lenguaje válido entre el Estado y su ciudadanía? Al final del día, la erosión de los valores humanitarios en favor de la estrategia de comunicación-espectáculo de la guerra podría dejarle al Abelardismo una victoria militar, pero una derrota moral irreparable a toda la nación.
[1] https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/691578756/PRINCIPIOS.pdf/9483f93c-748a-27dc-9096-1cf4d8a98061?t=1627896739666
[2] https://www.perlego.com/es/book/2741593/la-batalla-cultural-reflexiones-crticas-para-una-nueva-derecha-pdf
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