En un extenso debate de control político adelantado por la Asamblea Departamental del Cauca, la Compañía Energética de Occidente (CEO) fue objeto de severas críticas por parte de la comunidad y los diputados. A pesar de casi cinco horas de discusión y una amplia participación ciudadana, las directivas de la compañía no ofrecieron soluciones concretas a los problemas planteados, lo que generó una visible insatisfacción entre los asistentes.
Tras 14 años de operación de la CEO en el departamento, los ciudadanos manifestaron su descontento y preocupación por la prolongación de la situación hasta el año 2035. Entre los principales inconvenientes señalados por la comunidad caucana, y respaldados por el diputado William Campiño, se incluyen frecuentes cortes de energía, tarifas elevadas, problemas de facturación, falta de mantenimiento de la infraestructura, deficiencias en la atención al cliente, incumplimiento de proyectos de electrificación rural, falta de inversión en energías renovables y una respuesta inadecuada a emergencias.
Durante su intervención, Campiño exigió a la empresa mostrar empatía y ofrecer soluciones efectivas. Subrayó que la supervisión del servicio de energía en el Cauca recae en varias entidades gubernamentales, como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Minas y Energía, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El diputado hizo un llamado a estas instituciones para que inspeccionen y supervisen el software de la CEO, garantizando así un servicio de calidad conforme a la normativa vigente.
Campiño enfatizó la necesidad de transparencia y rendición de cuentas por parte de la CEO. «La falta de respuestas refleja una preocupante falta de transparencia y una actitud evasiva que menoscaba la confianza de la comunidad», afirmó. Además, destacó que los ciudadanos tienen derecho a un servicio de energía adecuado, con tarifas justas y sin interrupciones indebidas.
Ante la ausencia de respuestas concretas, se considera necesario iniciar investigaciones y auditorías independientes para revisar la gestión y operaciones de la CEO. Mientras tanto, se deben implementar medidas de contingencia para mitigar los impactos negativos en la comunidad, asegurando así que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que se mantenga la calidad del servicio de energía en la región.
