Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
La violencia política que se recrudece hoy en Colombia tiene autores intelectuales, tiene una narrativa que la justifica y tiene un candidato presidencial que la legitimó desde el discurso.
Como ciudadano colombiano que ha aprendido a leer los signos de nuestra historia incluso cuando la mayoría prefiere mirar hacia otro lado, es imposible no sentir un temor profundo, casi visceral, ante los recientes acontecimientos que podrían estar presagiando una vuelta al horror. No se trata de una paranoia ideológica ni de un ejercicio de ficción distópica; se trata de la constatación de una amenaza verdadera, a partir del análisis de hechos que están ahí, expuestos con una nitidez aterradora y que dibujan el rostro de un proyecto autoritario que ya nos está anunciando el retorno una de las épocas más oscuras de nuestra historia reciente.
A pesar de los temores jurídicos e, incluso, existenciales que van de la mano con la denuncia pública, estimo imprescindible advertir que el hilo conductor de esta pesadilla se llama Abelardo De La Espriella. Este excandidato presidencial y hoy presidente electo no es un personaje folclórico más de nuestra política; es un discípulo fiel que creció a la sombra del poder que representó Álvaro Uribe Vélez, un hombre condenado por la justicia, cuyo legado no es otro que el de un Estado cooptado por el paramilitarismo.
Al igual que en el reciente pasado de comienzos del siglo XXI, lo que más estremece es la sospechosa y macabra coincidencia entre el discurso violento de DeLaEspriella y la reactivación de grupos armados ilegales en Antioquia, la multiplicación de amenazas contra líderes sociales, periodistas, políticos de oposición y las agresiones a campesinos que reclaman la restitución de sus tierras. Frente a estos hechos, resulta claro que las palabras no son inocentes cuando van seguidas de balas. Hay que ser claros: Amenazar de manera textual a la izquierda colombiana con “destripamiento” no es una metáfora en un país donde la muerte ha sido el método favorito para zanjar diferencias, por el contrario, es un plan de exterminio enunciado en voz alta.
Y entonces uno mira al Cesar y ve desfilar, impávidos y uniformados, a grupos que se reivindican abiertamente el Nazismo, apareciendo justo cuando el cuestionado presidente electo anuncia su intención de reeditar las tenebrosas Convivir, esas cooperativas de seguridad ciudadana y campesina que, bajo el padrinazgo de Uribe Vélez, mutaron en estructuras paramilitares, autores intelectuales y materiales de un periodo de horror, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos. ¿Cuántas veces tendremos que ver la misma película para entender que el libreto no ha cambiado? Pretenden reciclarnos la muerte con otro empaque, pero con un ADN criminal idéntico.
La preocupación por un gobierno de ultraderecha que encabece De La Espriella se sustenta en sus recientes declaraciones, en las que anuncia con tono marcial el regreso al servicio militar obligatorio para los jóvenes colombianos, dejando entrever que esta decisión va de la mano con el probable nombramiento de la señora Vivian Morales, una mujer conocida por su fundamentalismo religioso, por su intolerancia militante contra las reivindicaciones de género y la diversidad sexual. En política, y menos en el contexto de la derecha, las casualidades no existen. La compañera sentimental del polémico asesor político, Carlos Lucio[1], ya advirtió sin disimulo un recorte brutal en la inversión en educación, orientado a desangrar los recursos públicos para entregárselos al sector privado.
La ecuación es diabólica: menos aulas, menos oportunidades, menos pensamiento crítico y a cambio, jóvenes sin proyecto de vida empujados a la lógica de la guerra prometida por DeLaEspriella, ya sea como carne de cañón de su neoparamilitarismo, como integrantes de grupos de delincuencia desbordada o como internos de las mega cárceles que él mismo ha prometido. El círculo de la exclusión y la muerte se cierra sobre una juventud a la que le quieren robar hasta la esperanza.
No, no se puede deslindar esta batería de anuncios del incremento de amenazas, agresiones y panfletos de grupos al margen de la ley contra la izquierda colombiana y los liderazgos sociales. La violencia política que se recrudece no es un fenómeno espontáneo, porque tiene autores intelectuales, tiene una narrativa que la justifica y tiene un candidato presidencial que la legitimó desde el discurso. Resulta obvio que lo que está aconteciendo en Colombia es el preámbulo anunciado de un modelo fascista de gobierno y control social, concebido para favorecer los intereses de unas élites económicas que sueñan con entregar sin resistencia los recursos y la economía nacional a los amigos del también desprestigiado Donald Trump.
Por eso es urgente e impostergable un llamado a las instancias nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. Y aquí quiero hacer un alto para hacer un llamado directo a la señora Defensora del Pueblo: su misión no puede limitarse a la defensa tácita de un proceso electoral que declaró como presidente electo a DeLaEspriella. Señora Defensora del Pueblo, las alertas tempranas ya están emitidas, los informes de riesgo son concluyentes al señalar el discurso presidencial como probable determinador de esta nueva ola de violencia política, recuerde que, como servidora pública, ignorarlas por cálculo burocrático o complicidad silenciosa la hará corresponsable de lo que está por venir. Mire hacia Antioquia, mire hacia el Cesar, escuche a los campesinos amenazados, proteja a los periodistas señalados, ponga por delante la vida, no la gobernabilidad de un proyecto que huele a sangre.
A las organizaciones sociales de base, a los defensores de derechos humanos, a los partidos y movimientos políticos hoy en oposición, les digo con el alma encogida, pero con una certeza inquebrantable: la comunidad internacional debe saber, al instante, de cada amenaza, de cada agresión, de cada intento de silenciarlos. Activen todos los mecanismos de autocuidado, tejan redes de protección colectiva, pero no se aíslen. La denuncia sistemática es el único escudo que nos queda frente a quienes necesitan eliminar o al menos amedrentar cualquier disidencia para consumar su gran negocio de entrega de la soberanía nacional a los intereses del capital estadounidense más rapaz.
Finalmente, la historia nos ha enseñado que la impunidad empieza por la ambigüedad, por lo tanto, es impostergable señalar que la responsabilidad de cualquier tipo de violencia que de ahora en adelante se cometa contra organizaciones sociales, líderes, partidos de oposición o cualquier colombiano que se atreva a alzar la voz, debe recaer total, plena y públicamente en el señor Abelardo De La Espriella. Mi temor no es una profecía autocumplida; es la lectura descarnada de un plan que avanza y callar, hoy más que nunca, sería una forma de complicidad que como hombre, como colombiano y como demócrata no estoy dispuesto a cargar sobre mi conciencia.
[1] Ex miembro del M-19 llegó a ser representante a la Cámara, fue abogado defensor de Ernesto Samper, ex presidente juzgado por el caso 8.000, (mafia, dineros del narcotráfico para su elección, corrupción, etc.) tuvo que refugiarse en Cuba acusado por la derecha de estafa y falsa denuncia, regresó al país, hasta que en un intento de intercambio de prisioneros con los paramilitares (al parecer haciendo de mediador entre el ELN y estos) fue secuestrado por Carlos Castaño, estuvo en la cárcel, da su primer paso al cristianismo, hasta finalmente convertirse hoy en el ‘asesor’ y ‘oído’ de los paramilitares en las negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. (Tomado de: Carlos Alonso Lucio Lopez | Perfil congresista | Congreso Visible)
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