Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
Más allá de las distancias ideológicas con el actual alcalde de Santander de Quilichao, el ingeniero Eduardo Grijalba (quien ejerce su segundo mandato), o de las críticas a su gestión político-administrativa, el agravamiento de la crisis humanitaria en el norte del Cauca exige que la ciudadanía respalde a la institucionalidad gubernamental, incluso cuando esta no cumpla con las expectativas que motivaron su elección.
Es imperativo recordar que los mandatarios locales y regionales en Colombia tienen la responsabilidad constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Si bien esta obligación es compartida por todos los niveles del ejecutivo, corresponde a los alcaldes implementar acciones concretas para cumplirla en sus territorios.
Esta responsabilidad adquiere urgencia cuando la seguridad colectiva se ve amenazada, ya sea por fenómenos naturales o por la violencia de actores armados ilegales en el marco del conflicto interno colombiano. En el caso del Cauca, estas crisis no surgieron el 7 de agosto de 2022; salvo breves intervalos tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, la emergencia humanitaria ha sido una trágica constante. Lamentablemente, la resignación y la ineficiencia han caracterizado históricamente la respuesta de gobernadores y alcaldes locales.
No obstante, con la gestión fallida del denominado «posconflicto» durante el gobierno de Iván Duque y de muchos mandatarios locales (incluidos los del Cauca), la crisis se profundizó. Hoy, ante riesgos inminentes para la integridad física y el patrimonio colectivo, el alcalde de Santander de Quilichao se ve obligado a recurrir a medidas administrativas extremas.
La implementación del toque de queda y/o la ley seca constituyen respuestas excepcionales a una crisis histórica que, en Quilichao, lleva más de dos décadas sin resolverse y en tal sentido, el actual accionar de los grupos armados pone en jaque la seguridad y el bienestar de una comunidad que los gobiernos del Bonillo-Grijalbismo juraron proteger.
Frente a este escenario, es claro que el burgomaestre enfrenta el alto costo de estas medidas: el comercio se paraliza, generando pérdidas y afectando el sustento familiar; las actividades institucionales se suspenden; la vida social y privada se altera profundamente, generando frustración y descontento.
Se trata de una elección entre intereses: proteger lo esencial (la vida) implica sacrificar aspectos cruciales de la normalidad y el bienestar económico. El malestar social, aunque legítimo ante la interrupción cotidiana, no invalida la realidad y la inminencia del peligro que justifica las medidas.
Resulta evidente que, más allá de cálculos político-electorales, a partir de los cuales, esta y anteriores administraciones han apostado por los aportes de grandes comerciantes y empresarios para asegurar sus triunfos; prima la obligación de entender que el interés colectivo está por encima de los intereses particulares, y que la defensa de la vida es un imperativo supremo.
P.S.: Suerte en su decisión alcalde Grijalba.
