Por: JAIME BONILLA MEDINA –
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– Nos alarma el editorial reciente del diario El Tiempo titulado: “Una trampa intolerable”, que denuncia “la existencia de un descarado mercado donde médicos se prestan para emitir incapacidades falsas…” Adentrándonos en los orígenes de la noticia, se trata de una revisión de casos abordada por la firma transnacional ManpowerGropup, experta en gestión del talento humano, en la cual se descubre la venta de certificaciones engañosas para ausentarse del trabajo. Citan que Acemi (Asociación colombiana de empresas de medicina integral) detectó, por redes sociales, la descarada oferta: “… excusas médicas de cualquier EPS, verificables, con historia clínica incluida” y con escala de tarifas ajustadas al número de días justificados. Se sabe que existe la participación de otros trabajadores en salud y hasta jueces, en el fraude; pues no es un asunto de propinas, no son las excusas colegiales ni por el guayabo del lunes, son verdaderos desfalcos ya que la convalecencia prolongada implica posibles indemnizaciones y hasta pensión por invalidez, requiriéndose un fallo de tutela en favor del trabajador. El logro de una pensión ficticia cuesta alrededor de $2 millones.
Este nuevo modelo de trampa tiene dos repercusiones graves. Desde lo económico: afecta la productividad laboral, la sostenibilidad de las empresas y el erario público aportado por todos. Las coartadas aumentan los días lunes, la semana después de puente, después de Semana Santa y en competencias futbolísticas. En promedio, un trabajador colombiano se incapacita 5,5 días al año. El costo del ausentismo subió de 1,5% a 1,9% del valor total de la nómina de una empresa, sin cuantificar las pérdidas por merma del rendimiento y sobrecostos por contratación de remplazos.
Del bolsillo de los colombianos salen los recursos para cubrir las incapacidades. Son $750.000 millones del presupuesto de Adres (Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) asignados a las EPS, obtenidos de descontar el 0,38% del IBC (Ingreso Base de Cotización) de cada trabajador, para cubrir faltas superiores a 180 días, sean justificadas o dolosas, sin olvidar que las mayores a 540 días ocasionan pensión por invalidez. Luego el fraude con falsas enfermedades puede llegar a impactar, también, el tema pensional.
Desde lo ético: es lamentable mencionarlo, pero se está colocando en entredicho la esencia digna y autónoma del acto médico, su prestigio y respeto, tesoro tan defendido por el gremio y por la sociedad entera.
Las consecuencias son delicadísimas, pues una certificación espuria y la adulteración de la historia clínica, involucra delitos tipo falsedad ideológica (inventar afecciones inexistentes) y material (falsificación de documento), entre otros, merecedores de sanciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias a establecer por los tribunales de justicia, ética y entes fiscalizadores. La condena, por la autoría intelectual y material del hecho, puede ir de uno hasta nueve años de prisión.
No se trata de justificar un acto ciento por ciento punible, pero invitamos a considerar las posibles causas de este encubierto acto de corrupción. Unos dicen: culpa de la cultura mafiosa que contamina todos los estamentos en nuestro país, cultura del dinero fácil y la ventaja personal por encima del bienestar común. Verdad. ¿Estará bien enfocada la cátedra sobre ética en nuestras universidades? Otros aseveran: consecuencia de un sistema de salud trasformador del médico en contratista “tercerizado”, al servicio de particulares, con vinculaciones degradantes, arbitrarias, mal remuneradas, estimulantes del rebusque. ¿Es justo que un auxiliar judicial, nivel tecnólogo, devengue $4.400.000, y un médico rural, nivel pregrado universitario, $1.800.000? Agreguemos la proliferación de escuelas de medicina de cuestionable calidad con egresados similares, y la competencia desleal, barata de profesionales extranjeros.
Es doloroso presentar estas realidades, precisamente, en fecha del reconocimiento Panamericano del Médico; pero depurador y tranquilizante, pues el ocultamiento aprueba y el silencio es cómplice.
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