Entró en vigencia Ley que garantiza los derechos y garantías del ejercicio de los miembros de las Juntas de Acción Comunal en el país.

 La norma establece que tanto
las autoridades municipales y distritales, como el alcalde y los concejos,
deberán atender, en los términos de la ley, a los representantes de las JAC
para conocer las necesidades de las zonas que representan.

• Señala
además que el Sena y la Esap podrán crear programas de capacitación para los
miembros de las Juntas de Acción Comunal.

El Presidente Iván Duque sancionó la Ley 1989 de 2019, en la que se establecen los derechos y garantías para el ejercicio de los colombianos que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC).

La norma establece que quien ejerza “la representación legal de
un organismo de acción comunal podrá percibir ingresos provenientes de los
recursos propios generados por el organismo, para gastos de representación
previa reglamentación en estatutos y autorización de la asamblea respectiva”.

De la misma manera, la ley prevé que las autoridades municipales
deberán atender a los representantes de las JAC dos veces por mes, con el fin
de analizar las necesidades de cada una de las zonas que representan.

También determina que una vez al año, el alcalde de la autoridad
territorial en la que funcione la junta, deberá atenderla, en una jornada de un
día, para conocer las inquietudes y necesidades que estos representantes de las
comunidades tengan para comunicarle al mandatario.

Igual atención deberán dar los concejos municipales y
distritales, colectivos que deberán destinar una sesión al año para “debatir y
discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten los Organismos de
Acción Comunal, en la forma que lo regule la entidad territorial
correspondiente”.

En materia de educación, la ley determina que “el Sena y la
Escuela Superior de Administración Pública (Esap) podrán crear programas
gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de capacitación
y formación técnica, tecnológica, profesional o de formación continua
destinados a los dignatarios de los organismos de acción comunal que
contribuyan al desarrollo económico y productivo de las comunidades”.

Así mismo, para facilitar el desplazamiento de los
representantes de las JAC, la legislación establece que “las entidades
territoriales podrán entregar a quienes ejerzan la representación legal o sean
miembros de la junta directiva de un organismo de acción comunal, un subsidio
en el sistema integrado de transporte del municipio o distrito en el que
resida, o su equivalente, correspondiente al 50% del valor, de hasta 60
pasajes, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de 11 sus funciones,
aplicando también para transporte veredal. En todo caso será solo para una
persona por Junta de Acción Comunal. Las entidades territoriales que
establezcan este subsidio reglamentarán previamente la fuente presupuestal que
lo financia y la garantía de su efectividad”.

La norma contempla la promoción e incentivos para que jóvenes,
entre los 14 y 29 años, se motiven a vincularse a las juntas. Igualmente, a
través del Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional “diseñará y promoverá
programas para el ejercicio del Servicio Social Obligatorio de estudiantes de
educación media en organismos de acción comunal”.

Infraestructura

Otra de las garantías que establece la ley es que las
administraciones podrán destinar un rubro del recaudo del impuesto predial
municipal y distrital para “la construcción, mejoramiento y acondicionamiento
de salones comunales, casetas comunales y demás equipamientos comunales de
propiedad del municipio, distrito o junta de acción comunal legalmente constituida”.

La disposición sancionada estipula que en los bancos de
proyectos, deberán tener prioridad los proyectos municipales y distritales
presentados por las Juntas de Acción Comunal, “siempre y cuando los mismos
hayan contado con asesoría técnica por parte de las secretarías de planeación
para su elaboración y cumplan con los requisitos de viabilidad, prioridad y
elegibilidad. Los proyectos presentados deberán estar ajustados con el
respectivo plan de desarrollo”.

Finalmente, la Ley 1989 de 2019 señala que “los organismos de
acción comunal podrán constituir empresas o proyectos rentables con el fin de
financiar sus programas en beneficio de la comunidad”.