Fiscalía imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes, citará a interrogatorio 3 alcaldes más y a 3 gobernadores.

Otras 32 personas serán imputadas por presunta corrupción durante la emergencia por el Covid – 19.

• El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, lidera estrategia anticorrupción en el marco de sus primeros 100 días de gestión.

El bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid – 19.

Gepostet von Contraloría General de la República am Donnerstag, 21. Mai 2020
Rueda de prensa Transparencia para la emergencia por Covid 19

La Fiscalía General de la Nación verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Como parte de ese trabajo, la Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado. Los mandatarios municipales son:

  1. Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.

2. Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.

       3. Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.

       4. Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.

       5. Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.

6. San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.

7. San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.

8. Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.

9. Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.

10. Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados. Otros tres alcaldes serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados:

1. Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo.

2. Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa.

3. Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez.

En el marco de esos procesos, 10 personas más serán llamadas a interrogatorio en calidad de indiciados:

 1. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Sincelejo, Kattiuska Margarita Fernández Castillo. 2. Supervisor de Contrato en Sincelejo, Leonardo Beltrán Pinto.

3. Director Técnico de Gestión Contractual de Sincelejo, Andrés Gutiérrez Ahumada.

4. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Sincelejo, Gustavo Pérez Mier.

5. Supervisor de Contrato en Sincelejo, Diomedes de Jesús Guevara Pereira.

 6. Representante Legal Biel People Publicidad, Hugo José Tabares Sierra.

 7. Representante Legal Abastos y Fruver El Paraíso, María Eugenia Mercado Pertuz.

 8. Exsecretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil.

 9. Jefe de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga

10. Contratista de Acacías (Meta), César Alonso Daza.

Del mismo modo, se harán 23 imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos, ellos son:

1. Concejal de Tuluá (Valle del Cauca), Carlos Arturo Londoño, quien fue capturado.

 2. Directora Administrativa de la Alcaldía de Armenia (Quindío), Gabriela Valencia Vásquez.

3. Secretaria Privada de la Alcaldía de Pereira (Risaralda), Mónica Patricia Botero Montoya. 4. Director de Gestión del Riesgo de Pereira (Risaralda), Alexander López.

5. Secretario de Educación departamental de Arauca, William Arévalo.

6. Asesor de Cultura y Turismo de Arauca, Omar Alberto Cisneros.

7. Gerente de Contratación de Arauca, Heivind Palomino Gutiérrez.

8. Secretario General y de Gobierno de Palocabildo (Tolima), José Manuel Troncoso.

 9. Secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaria.

10. Secretario General y de Gobierno de San Antonio (Tolima), Luis Enrique Polo Álvarez. 11. Representante legal de la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva) de Malambo (Atlántico), Marla María Macías Beleño.

12. Supervisora contrato Malambo (Atlántico), Doris Monsalve Parra.

 13. Representante legal empresa contratista Armenia, Hernando Pérez Bedoya.

14. Contratista de Pereira (Risaralda), Julio César Bustos Villegas.

15. Contratista de Pereira (Risaralda), Jhon Jairo Segura Varela.

16. Gerente de supermercado en Pereira (Risaralda), Efraín Rodríguez Prieto.

 17. Contratista en Arauca, Jhon Elver Garrido.

18. Contratista en Cereté (Córdoba), Luz Fanny Suárez Montoya.

19. Contratista en Guaduas (Cundinamarca), Marco Héctor Arias Bobadilla.

20. Intermediario de contratos en Guaduas (Cundinamarca), Yasmín Campos.

 21. Intermediario de contratos en Guaduas (Cundinamarca), Luis Hernández.

22. Contratista en San Antonio (Tolima), Carlos Fernando Tovar Perea.

23. Contratista en San Antonio (Tolima), Edward Fernando Hernández Oliveros.

Por último, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 gobernadores.

1. San Andrés Islas, Everth Hawkins.

2. Arauca, José Facundo Castillo.

3. Guaviare, Heydeer Palacio.

Debe indicarse que en esta unidad existen indagaciones contra 14 gobernadores, ellos son: Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos), Vichada (dos casos); y Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (con un caso respectivamente). En los próximos días se tomarán decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento contra algunos mandatarios departamentales y municipales, por conductas penales atinentes a la corrupción. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

Por presunto sobrecosto del 100% en compra de un millón de tapabocas:

Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra 2 oficiales de la Armada Nacional y la empresa contratista

*En este y en los demás casos de procesos responsabilidad fiscal abiertos y en curso, se solicita búsqueda de bienes de los implicados.

*Aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, el Contralor General de la República suspendió al Alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, al que se le abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones, por presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la Alcaldía y la entrega incompleta de los mismos.

*Vinculados a proceso de responsabilidad fiscal  el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los respectivos estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y  la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.

*El elevado sobrecosto en este contrato se determinó al comparar los valores pagados por la Armada frente a un contrato de la Policía Nacional donde se compraron tapabocas convencionales similares.

*La Policía compró cada tapabocas a $750, mientras la Armada pagó el doble por unidad ($1.500).

*Acciones fiscales, penales y disciplinarias de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría contra Alcaldes de Sincelejo (Sucre), Malambo (Atlántico) y Girón (Santander).

*Contraloría y Procuraduría toman decisiones fiscales y disciplinarias contra Gobernadora del Valle del Cauca y Alcalde de Coveñas (Sucre).

*“Transparencia para la Emergencia”. Por presuntos sobrecostos en contratación de kits alimentarios: Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal, por  un total de  $3.885  millones, contra la Gobernadora del Valle del Cauca y los Alcaldes de Medellín, Sincelejo  Malambo, Girón y Coveñas.

*La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

*Abrió además un proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.

*En el caso del Municipio de Malambo (Atlántico), se evidencia un detrimento fiscal de $1.107 millones relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio. Se abre proceso de responsabilidad fiscal, por esta cuantía, contra el Alcalde, Rummenigge Monsalve Álvarez.

*Allí, en Malambo, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos por contrato, para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea  por un valor de $178 millones, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones.