Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
La política colombiana se desarrolla en un escenario de una incongruencia que no es fruto del azar, sino de una estrategia calculada y perversa. Por un lado, los partidos y coaliciones de derecha y centro se niegan sistemáticamente a aprobar los proyectos de ley de financiación presentados por el gobierno del presidente Gustavo Petro, esenciales para materializar los programas sociales y reformas estructurales prometidas. Por otro lado, a través de sus poderosos aliados en los medios de comunicación masiva, construyen y difunden un relato dominante que acusa al gobierno de ineficacia, de incapacidad para avanzar en su programa y de gestionar mal la economía.
Esta doble jugada, de bloquear la acción para luego criticar la inacción, no es solo una muestra de hipocresía política, sino que es el eje de una ofensiva destinada a recuperar el poder, incluso a costa del bienestar de las mayorías y de la estabilidad democrática. El núcleo de esta estrategia reside en el bloqueo legislativo.
El gobierno del Pacto Histórico llegó al poder con una agenda ambiciosa de cambio social, que incluye la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y una política de paz total, entre otros pilares. Sin embargo, la implementación de gran parte de esta agenda requiere recursos financieros específicos, aprobados por un Congreso en el que la oposición de derecha ha hundido, dilatado o modificado hasta la irreconocibilidad proyectos clave de financiación, argumentando discutibles preocupaciones fiscales para encubrir su fondo ideológico.
El cinismo alcanza su punto máximo cuando, tras este bloqueo exitoso, la maquinaria mediática aliada activa su narrativa mediante titulares, editoriales y paneles de opinión en los que se repiten incansablemente que «el gobierno no ha cumplido», que «las reformas están estancadas» y que Petro «no ha podido» llevar a cabo su programa, omitiendo, descaradamente, la variable central de la ecuación: que ha sido la propia oposición, desde su posición mayoritaria en el legislativo, la que ha despojado al ejecutivo de las herramientas para cumplir.
Pese a un contexto global complejo, la gestión económica del gobierno Petro ha obtenido reconocimientos internacionales por su seriedad y resultados tangibles. Instituciones y analistas han destacado el manejo prudente que ha llevado a una significativa reducción de la inflación. El desempleo ha mostrado una tendencia a la baja y la balanza comercial ha presentado superávits, respaldada por una política deliberada de impulsar las exportaciones de bienes y servicios no minero-energéticos, diversificando así una economía históricamente dependiente de los commodities.
Sin embargo, la derecha y sus medios insistieron, contra toda evidencia, en construir una percepción de crisis que no coincide con los análisis técnicos ni con las valoraciones de actores económicos globales. Este esfuerzo por instalar una verdad alternativa busca erosionar la confianza en el gobierno, desanimar la inversión y crear un estado de ánimo de malestar social, útil para sus fines electorales.
La manipulación alcanza su expresión más cruda en el debate sobre el salario mínimo. La derecha económica y política se opone con vehemencia a incrementos salariales que superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC), argumentando que esto genera inflación y perjudica a las pequeñas empresas. Esta postura, presentada como técnica y responsable, es profundamente deshonesta y se aprovecha del bajo nivel de conocimiento económico de gran parte de la población.
La falacia radica en que el IPC no captura la totalidad del aumento en el costo de vida de los trabajadores. La legislación colombiana ha determinado que rubros fundamentales de la cotidianidad, como los arrendamientos (cuya actualización se rige por el IPC o un porcentaje fijo anual), las tarifas de servicios públicos (definidas por fórmulas regulatorias complejas) y el transporte (sujeto a decisiones políticas y costos de combustibles), no están atados al incremento salarial. Es claro que la posición de la derecha es una posición de clase, disfrazada de tecnicismo, que prioriza la rentabilidad del capital sobre la subsistencia digna del trabajo.
En conjunto, estas incongruencias no son errores ni posturas aisladas. Constituyen los pilares de una estrategia orgánica de la derecha colombiana para recuperar el control del Estado. Frente a esta estrategia, el antídoto es la claridad informativa, la pedagogía política constante y la movilización de una ciudadanía que exija coherencia y responsabilidad a quienes, desde el Congreso, tienen el poder de construir o de obstruir el futuro del país.
P.S.: Por todo lo anterior es necesario que la ciudadanía vaya mirando y, sobre todo, teniendo en cuenta, cuáles han sido los partidos y congresistas que se han opuesto a la agenda del cambio y que insisten en mentir y defraudar la confianza pública expresada en las urnas. No hay que seguir cometiendo los mismos errores electorales una y otra vez; ya se conocen los resultados de estas metidas de pata a la hora de votar. Buen provecho.
