Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
La desobediencia civil no es un ataque al orden, sino un acto de defensa de la Constitución contra la usurpación perpetrada por mayorías transitorias alcanzadas de maneras discutidas y hasta fraudulentas.
Son extraños estos días en los que la nación colombiana pareciera estar inmersa en una especie de sueño bizarro. La singularidad de la sensación colectiva consiste en que, no obstante se supone que vivimos una realidad – real, los recientes acontecimientos políticos parecieran señalar que transitamos por los laberintos de una pesadilla (para unos) o la ensoñación de un nirvana (para otros), dada la rareza de los eventos, discurso y hechos ocurridos de forma previa, durante y posterior a que el muy cuestionado Consejo Nacional Electoral de Colombia declarara al señor De La Espriella como triunfador de las recientes elecciones presidenciales.
Frente a los exabruptos, difamaciones, mentiras y violencia que salen de las bocas, manos, titulares, audios y videos del propio Abelardo De La Espriella, su círculo más próximo, sus jefes (Trump, Netanyahu y los grandes gremios colombianos) y, ni más faltaba, la prensa gremial, ahora al servicio de alias el Tigre, no era de extrañar que surgieran las críticas, pero, sobre todo, fundados temores en la mitad de colombianos que se resistieron a ser parte de la legalización de la narco cultura en el gobierno nacional.
Y es en este escenario de total incertidumbre y demasiado miedo, en el que surge la propuesta del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de adoptar como mecanismo de oposición y de defensa de la institucionalidad y la democracia colombiana, la herramienta constitucional de la Desobediencia Civil. Nuevamente se desnudó la inmensa ignorancia que, sobre derechos fundamentales, mecanismos políticos y, en términos generales, sobre la Constitución Política y el mismo Estado, tiene la sociedad colombiana.
Una vez más, la prestidigitación culebrera, heredada del antiguo mesías del Ubérrimo y la eficiente utilización de los mecanismos visibles (mucho más los invisibles) de manipulación de la información, se pusieron en funcionamiento para tergiversar la realidad jurídica colombiana y así crear el relato de la ilegalidad del mecanismo de Desobediencia Civil. La eficiencia de los bots, las bodegas y las cadenas de radio, televisión y redes de la prensa gremial ha llegado a tal punto, que, hasta profesionales del derecho, politólogos, administradores públicos y demás especialistas de las ciencias sociales se han puesto a dudar de la validez jurídica de este derecho y se han prestado (tal vez sin querer queriendo) al servicio de la desinformación promovida por el entorno Abelardista.
Frente a este contexto, creo que es necesario evitar que la Desobediencia Civil cargue con una mala fama injusta y que, gracias a nuestra ignorancia, pero, sobre todo, a la mala fe de la derecha y su eficaz manipulación de la verdad, se la termine entendiendo como un arrebato de rabia, un simple capricho de la izquierda o, en el peor de los casos, un desorden callejero que la mano fuerte y abusiva del autoritarismo del abelardismo, ahora al mando del gobierno colombiano, debería controlar con toda la fuerza del Estado de Derecho, del revivido ESMAD o las nuevas Convivir. Frente a esta última posibilidad, es necesario recalcar y repetir hasta el infinito que, por el contrario, es una herramienta política de primera necesidad, una alarma que suena cuando el sistema pierde el rumbo y la legalidad se divorcia de la justicia. Justo cuando la brecha entre lo legal y lo legítimo se hace insoportable, la desobediencia civil deja de ser una opción y se vuelve el último recurso para salvar la Constitución de sus propios administradores.
En este punto, tal y como lo han venido señalando respetadas voces académicas y el mismo Iván Cepeda, en ningún momento se ha hablado de caos ni de ruptura. Al contrario, la Desobediencia Civil consciente es un acto de lealtad extrema al sistema, un mecanismo de corrección que aparece justo cuando los canales institucionales, los mecanismos de participación y la misma democracia han sido capturados por un entramado transnacional de fraude para lograr que el “liberalismo de mayorías” pisotee principios básicos de justicia. En esos momentos, desobedecer funciona como un test de constitucionalidad informal, una forma de gritar que la democracia no puede reducirse a un trámite de votos espurios, mientras se ignoran los derechos de quienes no tienen el poder de turno.
El abuelo de esta idea, Henry David Thoreau, que no era un anarquista desquiciado; sino un ciudadano que entendió que “la ley nunca hizo a los hombres más justos”, lo explicó con una claridad que todavía incomoda a las élites, al negarse a pagar impuestos para financiar una guerra de despojo y la esclavitud, asumiendo la cárcel como un acto político. Thoreau nos dejó una premisa que hoy sigue viva: hay que hacer de la propia vida una “contra fricción” que detenga la maquinaria de la injusticia cuando ésta se vuelve rutina, sistema o normalidad.
Para no caer en confusiones, conviene distinguir de qué hablamos cuando hablamos de Desobediencia Civil. Existe la resistencia civil, que busca cambios de fondo, incluso creando estructuras paralelas de gobierno. Está la objeción de conciencia, íntima y privada, con la que alguien se niega a cumplir una norma por convicciones morales profundas sin pretender mover las calles. Y luego está la Desobediencia Civil, que es justo la que me interesa: pública, abierta, simbólica, que apela al sentido de justicia de la mayoría y acepta las sanciones como prueba de que no busca evadir la ley, sino corregirla. Esta distinción no es un capricho académico; es la que permite que la oposición tenga estatus constitucional y no se la confunda con cualquier acto de sedición o de traición (que se sospecha ha cometido don Abelardo).
La Corte Constitucional colombiana, en su sentencia T-603 de 2012, recogió buena parte de esta tradición doctrinaria. Allí se recuerda que para autores como Ollarves Irazábal la desobediencia se funda en el disenso contra actos que vulneran la paz y la justicia, por lo cual se justifica únicamente cuando es no violenta y busca preservar un bien que no es difuso, sino concreto. En la misma línea, la sentencia trae a colación a Ortiz Rivas, quien sostiene que la desobediencia civil lucha contra la injusticia, la normatividad ilegal o la violación de derechos humanos, y la cualifica: para diferenciarse de la simple objeción de conciencia, debe ser pública, no violenta, basada en normas morales o ideas superiores, y absolutamente consciente de las sanciones que acarrea incumplir los deberes. Estas ideas, avaladas por la Corte, muestran que incluso desde la institucionalidad se reconoce que no toda desobediencia es delito; hay una desobediencia cualificada que le hace bien a la democracia.
Para seguir en la línea de los datos y no de los relatos, es preciso indicar que los grandes teóricos liberales también ayudaron a tender puentes entre la moral política y la validez jurídica. John Rawls, pensando en una sociedad casi justa, propuso el “equilibrio reflexivo” como un examen permanente de conciencia ciudadana. Pero hay un detalle que muchos olvidan: Rawls admitió que la desobediencia civil representa un límite a la obligación de obedecer; si la mayoría se empecina en violar libertades fundamentales y no rectifica tras protestas insistentes, la justificación de la desobediencia puede escalar incluso hacia formas no pacíficas de resistencia frente a un poder que ya perdió toda legitimidad. Ronald Dworkin, por su parte, con su “tercer modelo” sobre la ley dudosa, nos recordó que el ciudadano no debe lealtad a lo que una autoridad diga que es el derecho, sino al derecho mismo, a su integridad y sus principios. Cuando la autoridad confunde su voluntad con la ley, uno tiene el deber de seguir su propio juicio razonado para proteger la Constitución hasta de sus propios administradores.
Para intentar dar respuesta a una (creo yo) inocente pregunta planteada en redes, en la que se les pregunta a los espectadores si la desobediencia civil es un ejercicio de soberanía del pueblo, o si por el contrario es un reto a la institucionalidad y a la democracia, vale la pena hacer notar que hay enfoques más radicales que iluminan lo que está en juego hoy. La tercera Escuela de Frankfurt habla de la desobediencia como una “praxis simbólica” que actualiza permanentemente el texto constitucional y recuerda que la democracia es un proyecto inacabado que nos necesita como escrutadores constantes. Pero, quizás la postura que más podría encajar en el actual escenario colombiano es la de Philip Pettit, quien, desde su republicanismo, defiende una democracia “disputatoria” donde la libertad es no dominación, esto es, si el Estado (o quien lo administra) elimina la posibilidad real de contestar sus decisiones, está ejerciendo dominación pura y dura y entonces la contestación ciudadana se vuelve una necesidad para restaurar el equilibrio.
La Desobediencia Civil puede funcionar como lo que Gene Sharp llamó un jiu-jitsu político: usar la propia fuerza del opresor contra sí mismo para provocar su colapso moral ante la sociedad. No se trata de un sentimiento pacifista blandengue, sino de una técnica de defensa mediante resistencia civil. Theodor Ebert hablaba de “trans-armamento”: una sociedad organizada en la no cooperación masiva se vuelve ingobernable para cualquier usurpador, porque retirar el apoyo al poder hace que el costo de dominar se vuelva insostenible.
Hoy en Colombia, enfrentamos una democracia desdibujada, donde un manipulado “liberalismo de mayorías” captura instituciones y burla contrapesos constitucionales. Frente a las recientes irregularidades electorales y la crisis de representatividad, la Desobediencia Civil no es un ataque al orden, sino un acto de defensa de la Constitución contra la usurpación perpetrada por mayorías transitorias alcanzadas de maneras discutidas y hasta fraudulentas.
Estoy convencido de que la desobediencia civil es el mecanismo más puro de agitación constitucional. Es el indicador de una cultura política madura que se niega a ser una pieza de una maquinaria estatal ilegítima y abusiva. Thoreau lanzó una pregunta que todavía quema: “¿Debe el ciudadano someter su conciencia al legislador por un solo instante, aunque sea en la mínima medida?”. Mi respuesta es un no rotundo. Cuando la opresión se vuelve sistema, desobedecer no es solo un derecho; es el deber de convertir la propia vida en una contra fricción que frene la injusticia. Y en esa tarea, como lo ha reconocido incluso la jurisprudencia, la violencia no es el camino legítimo, pero sí lo es la acción pública, consciente y dispuesta a asumir las consecuencias, porque la dignidad, la paz y la vida que se quieren preservar no pueden defenderse con la indiferencia o el determinismo religioso.
Fuentes consultadas:
- Corte Constitucional de Colombia: Sentencia T-603 de 2012
- Henry David Thoreau: Desobediencia civil y otros textos
- Oscar Mejía Quintana: La desobediencia civil revisitada. Problematicidad, situación y límites de su concepto.
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