Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
La mal llamada gran prensa colombiana, que históricamente ha estado articulada alrededor de los intereses de los grandes gremios de la producción y el poderoso sector financiero, nuevamente ha demostrado su capacidad para orquestar operaciones de desinformación de alto impacto. Conglomerados como Caracol Noticias y la W Radio han desplegado una campaña cuidadosamente diseñada para viralizar una narrativa falaz: la supuesta infiltración o complicidad del gobierno del Pacto Histórico, liderado por el presidente Gustavo Petro, con las disidencias de las antiguas FARC-EP.
Esta operación constituye una ingeniería del relato al servicio de proyectos políticos y económicos específicos, cuyo timing y componentes revelan una estrategia destinada a desestabilizar y condicionar el panorama electoral de 2026. El punto de partida de esta narrativa fue la difusión de información difusa y carente de verificación, que buscaba vincular al gobierno nacional con estructuras armadas ilegales.
Uno de los aspectos más reveladores de esta maniobra fue la tentativa de involucrar a la Fiscalía General de la Nación, sugiriendo que esta institución tenía conocimiento de estos hechos desde hace tiempo, pero sin mencionar específicamente que esta información todavía hace parte de investigaciones penales en contra de integrantes de esos grupos ilegales y que, por lo tanto, dentro de los mecanismos de custodia de esa información debería existir la reserva del sumario, hecho que levanta aún más sospechas sobre la veracidad de la narración manejada por la prensa capitalina. Esta insinuación es profundamente contradictoria, puesto que la omisión de Caracol TV y W Radio le impide a la audiencia conocer de mejor manera el funcionamiento del sistema penal acusatorio colombiano, continuando con la estrategia de desprestigio a la justicia iniciada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Esta narrativa choca frontalmente con la realidad operativa sobre el terreno. El gobierno del presidente Petro ha ordenado una fuerte arremetida militar y policiva contra las disidencias y demás grupos al margen de la ley, operaciones que han ocasionado impactos significativos en sus estructuras y, sobre todo, en sus rentables negocios ilegales. Resulta ilógico e inconsistente que un gobierno esté supuestamente coludido con organizaciones a las que está asestando golpes tácticos y estratégicos.
La ofensiva estatal ha generado una reacción por parte de estos grupos, cuya violencia contra la población civil se ha recrudecido, sobre todo, en el departamento del Cauca. Es altamente sospechoso que este recrudecimiento coincida de manera tan precisa con el ciclo preelectoral rumbo a los comicios de 2026. La derecha colombiana, cuyos candidatos presidenciales muestran pobres resultados en las encuestas de intención de voto, parece interesada en promover un ambiente de caos e inseguridad para posicionar la idea de que la única «salida viable» es el regreso de su fallida «política de seguridad democrática».
La perfecta sincronización de esta operación mediática no termina ahí. La viralización del supuesto vínculo gobierno-disidencias coincidió de manera estridente con un evento judicial de enorme trascendencia política: la condena por paramilitarismo de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. La violenta reacción de toda la derecha colombiana ante este fallo judicial necesitaba de un contrarrelato que pudiera desviar la atención pública y le permitiera pasar a la ofensiva. ¿Qué mejor manera que lanzar una acusación espejo, pero contra el gobierno? Esta no es una coincidencia, sino una táctica probada en la guerra política: cuando la defensa es difícil, se responde con un ataque masivo, aunque este se sustente en la especulación.
Este escenario se enmarca, a su vez, en un contexto de presión internacional. Luego de conocerse la alta probabilidad de que el expresidente Álvaro Uribe también reciba una condena, el gobierno del presidente Donald Trump ejerció una fuerte presión sobre el gobierno Petro. Esta presión fue precedida y acompañada por un intenso lobby de figuras de la derecha colombiana con sus pares en Washington, muchos de los cuales, curiosamente, comparten con algunos políticos locales la característica de tener nexos familiares investigados o condenados por vínculos con la ilegalidad. La actual campaña mediática se constituye en el brazo doméstico de una estrategia de cerco internacional.
Finalmente, y para cerrar el círculo de esta operación de distracción masiva, las revelaciones, ya desmentidas de manera oficial tanto por la Fiscalía (bajo su nueva dirección) como por altos mandos militares; dieron paso inmediato en la agenda noticiosa a la declaración del gobierno de Estados Unidos sobre la existencia de una organización denominada «El Cartel de los Soles» en Venezuela. Esta noticia, presentada como un hecho incontrovertible, aunque carente de pruebas públicas y enfrentada a una fuerte oposición de sectores demócratas y de opinión en ese mismo país, sirvió para trasladar el foco de la «infiltración del narcotráfico en el Estado» de Colombia a Venezuela, creando una cortina de humo perfecta y un falso espejismo entre dos gobiernos progresistas.
¿Coincidencia? Absolutamente no. Se trata de una secuencia demasiado perfecta, demasiado conveniente, para ser el fruto del azar.
