Considero la labor de alguien que pretende además de reseñar lo que sucede, es también su obligación el consignar propuestas suyas o de las organizaciones sociales, que no encuentran suficiente espacio para su socialización.
Decir por ejemplo que en el Macizo Caucano, en el caso de la Vega, Almaguer y Sucre, las 68 concesiones mineras y 13 títulos mineros, que cubren un porcentaje del 80% del territorio, con el proyecto denominado «Dominical», que compromete 20 mil hectáreas, llevan apegadas a su ser, el usufructo del agua como fuente primaria de generación de energía para su desarrollo y con ellas las denominadas pequeñas centrales hidroeléctricas, caso pequeña pch Guachicono; consulta previa por la presencia de comunidades indígenas y una figura de derecho que debe ser llevada a política pública… El “permiso previo del campesinado” asentado en la región tanto del núcleo del proyecto como el área de impacto.
Como espacio de puja, socialización y acuerdos a partir de los ejes de desarrollo planteados por el gobierno y las apuestas de los planes de vida de las comunidades, y no como herramienta de imposición de un modelo extractivista; debe propiciar el gobierno departamental escenarios claros de acuerdos y definición conjunta.
El diálogo debe ser un componente transversal de la gobernabidad. Es imposible tratar de implementar los ejercicios existentes de planeación en el Cauca, mientras la disputa por el territorio entre grupos armados no institucionales se siga desarrollando, un «Pacto por la vida y por el desarrollo», será el único que pueda generar un ambiente en el cual los diversos intereses económicos, políticos y sociales, puedan emular por ser hegemónica- mente aceptados, sin que la respuesta sea el conflicto armado.
La superficie del Cauca tiene 3 millones de hectáreas, las comunidades indígenas poseen 544.901, es decir el 18% del total y de ello solo 174.375 son de uso productivo, es decir 3.5 hectárea por familia, en la región del norte del Cauca, además del monocultivo de la caña para biocombustible o transformación al azúcar, contiene en sí misma una gran problemática por la tenencia y uso de la misma.
la «defensa de la propiedad privada» versus la «liberación de la madre tierra»; Allí el diálogo debe discurrir por escenarios en los que aspectos como (las cifras de población, las hectáreas utilizadas en la producción de azúcar,), la aridez del suelo productivo y la conservación de territorios frágiles ambientalmente, sean puntos de partida para procurar un acuerdo entre agroindustria y las comunidades étnicas y campesinas para asegurar un desarrollo social y ambientalmente sostenible.
Somos un departamento fragmentado, con problema de identidad y sentido de pertenencia, el ordenamiento territorial debe dar cuenta, de nuestra realidad actual, una Costa Pacífica aislada, un Oriente con relacionamiento mayor con el Huila, un Sur influenciado por Nariño, un Norte en sus dinámicas relacionado con el Valle y una zona Centro con su capital Popayán; expresión de colonias y con una economía burbuja determinada por los ingresos principalmente de los cultivos de uso ilícito.
Reordenar el territorio será la única forma o metodología para afianzar desde las particularidades regionales, el ser Caucano y Caucana.
Bienvenidas las cábalas para avanzar en este Cauca, rebelde y digno.
