Quilichao vive bajo la amenaza de la privatización.

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Más allá de mi pública oposición a la forma de hacer política y de gobernar que caracteriza al grupo político del congresista caucano, Carlos Julio Bonilla, ahora nuevamente al mando de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao; me mueve un histórico compromiso por la defensa de lo público, desarrollado desde ya hace más de treinta años, el cual me ha permitido ir constatando la permanencia histórica, de unas estrategias seguidas por todos los gobiernos, a la hora de emprender procesos de privatización de las empresas públicas de cualquier orden.

El manual de instrucciones impuesto por la banca internacional (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc.), desde antes del famoso consenso de Washington, por allá por las épocas previas al alzhéimer público de un presidente de Colombia, le ha  ordenado a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, una serie de pasos necesarios para acometer la entrega de las empresas del estado a manos privadas, a partir de la generalización malintencionada, según la cual todo lo público es corrupto y  todo funcionario es un ladrón, razón por la cual, es necesario entregarle el patrimonio de todos y todas a las impolutas manos del sector privado.

En este orden de ideas, este mito de la tecnocracia mundial, indica que, en aras de la eficiencia económica, el Estado para lo único que sirve es para cuidar los bienes de quienes pueden tenerlos y para cobrar los impuestos que permitan darle a la pobrecía unos mínimos, muy mínimos; suficientes para que sigan produciendo. Por lo tanto, el manejo de las empresas del sector público debe estar bajo la dirección de serios empresarios y muy eficientes técnicos, sobre todo, si la empresa pertenece al sector de los servicios públicos de cualquier índole (energía, acueducto, saneamiento, comunicaciones, gas, petróleo, educación y salud). Eso nos vendieron y eso compramos.

Pero antes de llegar a ese final feliz de la confianza inversionista, el administrador público (gerente de empresa, alcaldesa, gobernador, ministra o presidente), debe dar unos pasos previos, para convencer a la pobrecía sobre las bondades de entregar su patrimonio a manos particulares. Lo primero es marchitar la empresa, mediante la instalación de las llamadas nóminas paralelas (botín de los politiqueros), la tercerización de algunas labores de la empresa y la inversión inútil en infra estructura y/o publicidad. Una vez alcanzada esta etapa, conviene nombrar a amigos o clientes electorales en la dirección, si no fieles escuderos de campaña y copartidarios, por lo menos bien recomendados por el doctor o doctora congresista, si no tiene idea del cargo mejor. El comienzo del fin.

Ya en esta etapa, el flamante nuevo gerente o gerenta, director o directora, tiene patente de corso para nombrar a las cuotas de los políticos de la coalición y, claro, a sus amigotes y amigotas, asegurándose que tengan el “perfil técnico” que se necesita, de modo que los informes queden bien maquillados y que las cuentas queden más o menos claras. Paso seguido, se debe remodelar las instalaciones administrativas, arrendar un edifico o construir uno nuevo. A continuación, se recomienda hacer un cambio de imagen institucional, para lo cual se contratan estudios y asesores amigos, de igual manera se deben contratar estudios técnicos para todo y se debe montar una plataforma de atención al público, a cargo de un call center de un doctor o doctora amiga. Lo del servicio; eso es lo de menos.

Cuando se llega a este estadio, se observa el paulatino marchitamiento de los equipos y de las obras que estos ofrecen, no hay presupuesto para el mantenimiento o la reposición ni mucho menos, para inversión en la empresa, por lo que es necesario contratar un estudio de viabilidad técnica y financiera de la empresa que recomiende su intervención y/o liquidación, entrega en concesión o venta, entre tanto el servicio prestado es deficiente y caro. El usuario, mal. Gracias.

La receta es más o menos la misma, las advertencias han sido las mismas, e incluso la incredulidad y el olvido siguen siendo los mismos, así lo hemos atestiguado en la costa norte colombiana, con el servicio de energía y de acueducto, así lo vimos con las telecomunicaciones, los combustibles, la salud y el gas, las rentables empresas del estado fueron marchitadas y luego regaladas a los patrocinadores de los políticos, para que las quebraran y las volviéramos a reconstruir, para entregárselas una y otra vez en un odioso circulo vicioso, en el que siempre pierde el bolsillo, la salud y la vida del ciudadano de a pie. Es en este marco en el que Quilichao vive bajo la amenaza de la privatización.

Ante este repetido proceso de privatizaciones, vale la pena, una vez más, llamar la atención de la sociedad Quilichagüeña, para que esté atenta, ya no a detectar las señales del marchitamiento de sus bienes, que ya han ido empezando, sino a oponerse con decisión a la entrega del patrimonio de todos a manos privadas, las cuales, probablemente patrocinaron las campañas de quienes hoy están en el gobierno.

Quejas y quejas del encarecimiento de los servicios prestados por EMQUILICHAO, el preocupante estado de sus equipos de recolección, el deplorable estado de los parques y zonas verdes a su cargo, el lio de la Galería municipal y el espacio público a cargo de la recién creada MERQUILICHAO, flamante empresa municipal, “estrenadora” de instalaciones administrativas y sin saberse aún el futuro del relleno sanitario o del borroso terminal de transportes, todos ellos en principio quilichagüeños, pero ya rondados y hasta ofrecidos en concesión a los amigos y amigas del sector privado.

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