Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
Hace dos meses, tuve el privilegio de hacer públicas algunos comentarios acerca del muy deficiente desempeño de la actual administración municipal de Santander de Quilichao, específicamente en lo atinente al uso, o mejor abuso del espacio público, la caótica movilidad, al menos en buena parte del sector del centro del casco urbano, el escaso control a la contaminación ambiental (emanación de gases contaminantes, disposición de los residuos y la contaminación auditiva), así como los serios problemas de seguridad que padece la comunidad quilichagüeña. (ver: ¿PARA QUÉ LES PAGAMOS A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS? | www.MagazinCnc.Com)
Tal y como se planteo en aquella nota, junto con un grupo de ciudadanas y ciudadanos preocupados por el estado actual y futuro del municipio de Santander de Quilichao, se han venido emprendiendo algunas acciones, con el fin de empezar a hacer una veeduría de la actual administración, pero sobre todo, empezar a ejercer el derecho a exigir de la actual administración municipal, el cumplimiento de su programa de gobierno, inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el cual votaron sus electores y electoras, traducido, como todos los anteriores, en 523 farragosas páginas, la mayoría de ellas ininteligibles para el ciudadano del común, depositadas en el Plan de Desarrollo Municipal Santander de Quilichao 2020-2023- Quilichao Vive.
En el desarrollo de estas tareas de veeduría ciudadana, nos hemos encontrado ante la exasperante parsimonia de la administración, a la hora de dar contestación a los derechos de petición, no obstante que en la normatividad que los regula, esté taxativamente claro el mandato de la celeridad en su trámite, por lo que el acceso constitucional a la información pública sobre la administración y el municipio se ha visto dilatada innecesariamente. En este mismo orden de ideas, en las comunicaciones oficiales, únicamente se hace transcripción literal de las normas, sin hacer ningún tipo de claridad acerca de su aplicación real en el ámbito de Santander de Quilichao, por lo que, aunque legalmente han contestado, en la práctica no han informado nada.
Sin embargo, como dice la sabiduría popular; no hay mal que, por bien no venga. Entre la larga espera a la contestación de los derechos de petición, la traducción a colombiano de las tecnócratas respuestas y la constatación in situ de lo allí expuesto, una vez más, se ha venido constatando la poca eficiencia y eficacia de la administración municipal de Santander de Quilichao, que sobre los temas de movilidad, convivencia ciudadana, seguridad y medio ambiente, se ha venido haciendo seguimiento, a punto tal, que es posible afirmar, por ejemplo, que para el caso de la disposición final de las basuras de Quilichao, se confirma la percepción incluso corroborada por allegados a la administración, según la cual, para esta administración; este aspecto, de alto impacto ambiental, pero sobre todo económico, para los usuarios de Emquilichao E.S.P., no está dentro de sus prioridades urgentes.
De igual forma, no sólo el grupo de ciudadanos, con quienes hemos venido avanzando en esta veeduría, sino un, cada día, más amplio grupo de residentes de Santander de Quilichao, hemos venido, no solo, atestiguando el paulatino deterioro de la malla vial urbana y rural del municipio, sino que hemos venido siendo víctimas de su mal estado, al igual que del atemorizante clima de inseguridad, que además de las afectaciones a los bienes materiales, de un buen número de ciudadanos, víctimas de hurto, también muestra su aterradora faceta, en el incremento del número de víctimas de violencia en contra de la integridad física y la vida, de otro buen número de miembros de la sociedad quilichagüeña.
Si bien es cierto que la crisis sanitaria, atribuida a la peste del Covid19, junto con su natural consecuencia de crisis económica, han sido graves situaciones emergentes, que de alguna manera han afectado el normal curso de la vida del municipio, también lo es el hecho de que, la administración municipal de Santander de Quilichao, en su inexplicable insistencia por parecerse cada día más al gobierno de Iván Duque, ha venido dejando de lado su obligación constitucional de gobernar el territorio de su competencia. Al igual que el resto del uribismo en el gobierno nacional, la actual administración, parece mucho más preocupada por atender los intereses de un determinado sector de la sociedad quilichagüeña, afín a su grupo político, que por empezar a ejercer la labor para la que se hicieron elegir.
Desafortunadamente, Quilichao Vive esperando que su administración empiece a gobernar. Más allá de las actuaciones y poses para videos y fotos institucionales, el manejo de los temas de interés para las grandes mayorías del municipio, aún no hace parte de la agenda de la alcaldesa Guzmán. El poco tacto, por llamarlo de alguna manera, con el que ha manejado, o mejor , dejado de manejar, temas como los constantes desaciertos en la conducción de la fuerza pública (el incidente entre algunos agentes de la policía y autoridades indígenas, la autorización a civiles para portar prendas similares a las de la policía y ejercer sus funciones privativas y el intento de desalojo de dos adultos mayores al servicio del municipio, entre otros desaguisados) dan cuenta de una inexplicable desconexión con la realidad étnica, económica y social del municipio, que se supone debe gobernar.
Finalmente, por ahora, reitero la Adenda de la columna del 22/04/2021
Adenda: Seguiremos en la tarea de averiguar, las funciones, asignaciones y responsabilidades, así como el marco jurídico de funcionamiento de la Secretaría de Planeación de Santander de Quilichao y otras dependencias de la Administración municipal, departamental y nacional con asiento en este municipio, para emprender las acciones legales conducentes a reclamar los derechos a la libre movilidad, a un ambiente sano, al libre ejercicio de una profesión, a la seguridad, a la sana convivencia, al uso y disfrute del espacio público, la salud y la vida, seriamente amenazados y vulnerados por el caótico estado de cosas, ocasionado por la ineficiencia y la ineficacia del funcionamiento de este despacho de la Administración Municipal.
